Las protestas sociales y bloqueos que se han registrado en diferentes puntos del país en lo que va de año han obligado a varias empresas del sector petrolero, minero y eléctrico a retirarse de proyectos.
Uno de los casos más recientes es el de Enel Colombia, quien anunció esta semana la suspensión indefinida de la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, que llevaba desarrollando desde hace varios años su filial Enel Green Power en el departamento de La Guajira.
Esto ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto debido a los múltiples bloqueos adelantados por parte de algunas comunidades que según la empresa no permitían mantener el ritmo continuo de las obras de construcción.
Se trata de CAG-5 y CAG-6 que tiene en asocio con la petrolera española Repsol en la cuenca Caguán-Putumayo. “Estamos constantemente revisando cuáles son esos contratos que durante algunos años han tenido unas flexibilidades por temas de seguridad”, dijo Andrés Sarmiento, director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Frontera Energy.
Lo mismo ocurrió con la petrolera Geopark que inició procesos ante la ANH para cancelar los contratos de 6 bloques que tiene en el departamento de Putumayo por “motivos de fuerza mayor” que hacen inviables sus operaciones.
En total, de acuerdo con la ANH, actualmente hay 67 contratos petroleros en trámite de terminación por conflictividad social, temas ambientales y problemas de orden público en los territorios.
Otro caso muy sonado fue el de la petrolera Emerald Energy, que tras la toma violenta que protagonizaron campesinos el pasado 2 de marzo en las instalaciones del campo Capella, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) decidió suspender las operaciones que venía realizando en el bloque Ombú.
Finalmente, se quedó con un bloque activo —el de Maranta, en Putumayo— de los 5 que tenía.
En el campo Capella, del bloque Ombú, se producían 2.000 barriles de petróleo al día, y según datos de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), por lo hechos violentos que se registraron, el país dejó de recibir 2.600 millones de pesos de regalías, de los cuales 650 millones de pesos le correspondían a San Vicente del Caguán.
¿Cómo está el sector de hidrocarburos?
En el 2022, según reporta la ACP, se presentaron 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria de hidrocarburos, lo que representa un aumento de 36 por ciento respecto al año anterior.
En promedio se reportaron 2,9 bloqueos diarios y los departamentos más afectados fueron Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca.
Además, el año pasado se registraron 20 atentados o voladuras a oleoductos.
Y en lo que va de año, con corte a abril, el gremio reporta 8 voladuras a oleoductos, una toma a las instalaciones de un campo en Caquetá, el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán, además de la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.
“Estas acciones no solo afectan a la industria, también a las comunidades cuya vida e integridad de la misma manera se pone en riesgo y se les vulneran otros derechos; las regiones y el país también se ven considerablemente afectados en razón a que sus ingresos fiscales por cuenta de la inversión del sector y sus regalías se ven mermados, entre otros impactos”, dice el gremio liderado por Francisco José Lloreda
